En días recientes el presidente Gustavo Petro ha vuelto a plantear la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, según él, para tocar temas de fondo en la estructura del Estado para que la implementación de sus reformas se pueda materializar. Una de estas es la reforma rural integral.
Llama la atención que el gobierno nacional plantee permanentemente la necesidad de reformar la Constitución de 1991 con la excusa de llevar a cabo una implementación del Punto 1 del Acuerdo Final que establece dicha reforma, pues ya existen herramientas jurídicas que permiten el acceso y dotación de tierras a campesinos sin tierra, dentro de los cuales está la compra directa de predios rurales, medida que ha sido apoyada por FEDEGAN, entidad que se ha comprometido con el gobierno nacional para liderar la oferta de venta de predios rurales, obteniendo a la fecha más de trescientas mil hectáreas viables para compra. Sin embargo, no ha sido posible que el gobierno nacional lleve a cabo la compra de dichos predios debido a la incapacidad de las entidades relacionadas directa e indirectamente con la compra de los mismos.
Ante este panorama y la demanda de sus electores, el gobierno nacional ha pretendido trasladar la responsabilidad de los bajos resultados de compra y dotación de tierras a los actuales propietarios rurales, buscando generar un ambiente político y social en contra de estos. Y, si se compara la cantidad de hectáreas ofrecidas en venta versus las adquiridas a la fecha por la Agencia Nacional de Tierras, el gobierno no sale bien librado.
Sería mucho más interesante ver al gobierno nacional proponer la discusión de temas importantes que afectan a los actuales propietarios, poseedores y ocupantes regulares, como la desigualdad procesal a la que se tienen que enfrentar diariamente desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 al interior de los procesos de restitución de tierras, pues así no tengan relación alguna con los presuntos hechos de despojo y abandono, se les exige demostrar la buena fe exenta de culpa en la adquisición de sus predios.
A pesar que esta discusión ya se llevó a cabo anteriormente, se hace necesario retomarla en el escenario nacional, pues a pesar de existir un programa de segundos ocupantes, el cual se tuvo que crear como paliativo a la desigualdad procesal de la ley, a la fecha varios campesinos siguen siendo desalojados de sus predios por una orden judicial de restitución de tierras, entregando su patrimonio y el trabajo de toda una vida, para reparar a otra víctima a la cual el Estado no fue capaz de reparar sin afectar el patrimonio económico de otro ciudadano.
Actualmente existen muchas problemáticas en el campo colombiano y las soluciones no requieren de una Asamblea Nacional Constituyente; requieren de la implementación efectiva de los planes y programas existentes que propendan por la garantía de los derechos de los grandes, medianos y pequeños productores del sector agropecuario. Lo demás, es cuento.
Por: Camilo Enrique Díaz Castillo
